Fiscalía acusa al alcalde de La Vega
11/11/2018
El Ayuntamiento de Vega de Liébana concedió el 27 de marzo de 2003 licencia para la construcción de un estercolero en Bores. Reclamada la concesión por unos vecinos que se consideraban perjudicados, a una sentencia inicial de derribo del 15/3/2007, siguió, tras el recurso del Ayuntamiento, otra del 21 de enero de 2008 del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, confirmando la anterior, declarando, además, «ilegalizable la construcción».
Desde ese momento, el Juzgado, entre otras actuaciones tendentes al cumplimiento de la sentencia, enviará al alcalde del Ayuntamiento, Gregorio Alonso, providencias para que se proceda al derribo con fechas de 21 de diciembre de 2008, 5 de enero de 2010, 20 de abril de 2010, 23 de diciembre de 2011, 8 de junio de 2012, 5 de febrero de 2014, 30 de abril de 2014, 14 de noviembre de 2014, 22 de diciembre de 2015... A todas ellas el alcalde responde con diversas alegaciones y «excusas», según relata la fiscal en escrito dirigido al Juzgado de San Vicente de la Barquera el pasado 11 de julio en el que acusa al alcalde de «desobediencia grave a la autoridad», solicitando la pena de siete meses de prisión e inhabilitación especial por el tiempo de la condena.
Según el escrito de la fiscal, al alcalde le fueron impuestas varias multas coercitivas (el 10 de mayo de 2011, el 14 de noviembre de 2014, el 23 de febrero de 2017) sin que, pese a ello, procediera al cumplimiento de la sentencia.
En los plenos del Ayuntamiento se ha planteado en varias ocasiones el tema, como quedó recogido en las crónicas de Pepe Redondo, publicadas en VL.
Así, en la del 30/3/2012, se dice que «De las muchas preguntas y ruegos, destacó la relativa, realizada por la portavoz del PP, al problema existente en el Ayuntamiento por la "intención del alcalde de legalizar una nave ganadera que tiene una sentencia firme de derribo por lo que el Juzgado ya ha multado al regidor cada 20 días con 600 euros, estando a punto también de ser juzgado por desacato", según María Paz Calleja. El alcalde se defendió diciendo que "se hará lo que los técnicos digan y que no me consta que me estén multando cada 20 días. Yo solo he pagado una multa y no me han notificado más"».
En la crónica del 15 de febrero de 2014:
«Así mismo se dio cuenta al pleno por parte de la alcaldía de la sentencia de derribo de una nave en la localidad de Bores que, después de un largo litigio, se obliga a su demolición. Se ha dado un plazo de tres meses para cumplir la sentencia y en este sentido Gregorio Alonso manifestó al pleno su "desacuerdo por injusto del fallo judicial, porque podría darse la paradoja de que se tirase la edificación actual y después se podría levantar en el mismo lugar otra de iguales características". Reconoció el alcalde que el ayuntamiento tendría "la responsabilidad de compensar económicamente al propietario ya que este realizó la obra con la correspondiente licencia municipal". "Todo ello llevaría de nuevo a un largo proceso en los tribunales que se alargaría en el tiempo, reconociendo además que en este proceso de derribo podría derivarse alguna desgracia de tipo personal viendo cómo están los ánimos entre propietario y denunciantes", apostilló Alonso».
«En la sesión ordinaria celebrada en la noche del jueves, la corporación de Vega de Liébana aprobó de forma unánime una batería de expedientes de modificaciones de crédito que en conjunto alcanzan los 379.793,18 euros. (...) el tercero, por valor de 22.568 euros, a cuenta para el pago de la ejecución de la sentencia de derribo de una nave en la localidad de Bores, contencioso que lleva vigente desde hace algunos años y que en estos momentos cuenta con esa sentencia condenatoria (...)
A pesar de la unanimidad en lo que respecta a la aprobación del conjunto de expedientes, desde el banquillo del Partido Popular, su único asistente al pleno, Santos Gómez, entabló un largo debate con el alcalde, Gregorio Alonso, en el que recriminó a la corporación que aprobó la licencia de obras de la nave con sentencia de derribo en Bores "ya que algo tuvo que hacerse mal o muy mal cuando el Ayuntamiento da una licencia para una obra que ha sido declarada ilegal muchos años después, con lo cual el contencioso se establece entre dos vecinos, pero el pagano será finalmente el consistorio". Alonso, contestó al edil popular y, tras comentar que él ni tan siquiera estaba entonces en el ayuntamiento, "este es un toro que me ha tocado lidiar sin corresponderme en el lote", comentó que "la licencia se otorgó entonces con todos los informes favorables, por lo que al alcalde que presidía en aquél tiempo la corporación no le quedaba otra que aprobar la construcción o arriesgarse a una denuncia del propietario que era consciente de que todo estaba en regla". "Así pues, serán finalmente los tribunales quien decidan lo que se ha de hacer y el coste de las consecuencias".»
En diciembre de 2014, bajo el título "El pleno de Vega de L. autoriza provisionalmente paralizar una orden de derribo":
«En la sesión celebrada en la noche del martes, el pleno aprobó con los cuatro votos favorables del equipo de Gobierno Municipal, PRC, y las dos abstenciones de los concejales del PP, autorizar de forma provisional la paralización de una orden de derribo de nave sita en la localidad de Bores. La solicitud la realizó en un extenso escrito el propietario de la misma, Luis de la Torre Bedoya, fundamentando la petición en numerosos puntos en lo que se demostraba, según dicho escrito, la legalidad de la instalación avalada por diferentes informes y normativas leídas por el alcalde Gregorio Alonso y reflejadas en el mismo, "suficientes para que si el pleno lo tiene a bien, autorizar la paralización provisional del derribo y llegar a su legalización a través del Nuevo Plan General de Urbanismo que está en curso".
El propio Alonso aseveró esta afirmación ya que "así lo manifiestan los tres informes solicitados por el Ayuntamiento sobre compatibilidad urbanística". Estos informes, según Alonso fueron emitidos por los redactores del Plan, el propio Técnico municipal y un tercero totalmente "imparcial", coincidiendo los tres en el "cumplimiento de los parámetros urbanísticos por lo que si, el Pleno así lo decide, puede autorizar la provisionalidad de la orden de derribo".
Este es un contencioso que dura ya varios años y que, en un pleno del mes de febrero de este año se dio cuenta a los concejales por parte de la alcaldía de la sentencia de derribo que, después de un largo litigio, se obligaba a su demolición. Se dio entonces un plazo de tres meses para cumplir la sentencia (...).
El caso es que los tres meses han transcurrido con creces y, ante la petición de la concejala del PP, María Paz Calleja, sobre cómo estaba el asunto, el alcalde le contestó que "el derribo no se ha llevado a cabo ya que se descubrió que la cubierta lleva una capa de fibrocemento que necesita de especialistas para acometer este al no poder manipular cualquiera este tipo de material y en consecuencia en ello estamos. La concejala dijo que no entendía como un Plan General puede parar una sentencia de derribo y que lo que se pretende es "introducir en el Plan una normativa que permita su legalización". Alonso sin embargo volvió a remitir a la concejala al dictamen de los tres informes aludidos con anterioridad».
En marzo de 2015:
«En sesión plenaria convocada de forma extraordinaria por el ayuntamiento de Vega de Liébana, la corporación aprobó, con los cuatro votos del partido que gobierna el municipio, PRC, la abstención de los dos concejales del PP y en contra de la única concejala del PSOE, desestimar el recurso de reposición interpuesto por Fermín Timoteo Salceda contra el acuerdo del ayuntamiento del 2 de diciembre del pasado año por el que se autorizaba de forma provisional la edificación preexistente de Luis de la Torre Bedoya.
Entonces la corporación aprobó con los cuatro votos favorables del PRC, y las dos abstenciones de los concejales del PP, autorizar de forma provisional la paralización de una orden de derribo de nave sita en la localidad de Bores.(...).
Ante esta situación el vecino que se siente afectado, realizó un recurso que ahora ha sido desestimado "ya que el técnico municipal, en su informe, dice que no existen bases para aceptar las alegaciones". Este es un contencioso que dura ya más de doce años y que fue aprobado por una corporación en la que solamente había un miembro de la actual y que entonces se abstuvo en la votación.
En el transcurso del debate del punto María Paz Calleja, PP, se interesó por el número de cabezas que la nave puede albergar según la normativa actual a lo que se le indicó que diez. Calleja replicó diciendo que la utilizaban un número bastante más elevado añadiendo además que "en cierta lógica y mientras el proceso se resuelve, al tener una orden de derribo, no debería albergar ninguna"».
Desde entonces no se volvió a saber del asunto hasta que este 10 de noviembre la agrupación Vecinos por Liébana dio a conocer la acusación de la fiscalía que vemos publicada en El Diario Cantabria. VxL solicita explicaciones al alcalde en las que «deberá aclarar por qué no ha comunicado en ningún momento este caso, quién ha abonado las multas coercitivas que le han impuesto por desobediencia, si es cierto que está siendo representado por la abogada del Ayuntamiento y quién lleva abonando durante más de una década los honorarios de este caso». Además, «invita a D. Gregorio Miguel Alonso Bedoya a considerar si no estará haciendo daño a la institución que representa ante la gravedad de los hechos que se le imputan».
El alcalde ha dado su versión a El Diario Montañés, que la publica el 11 de noviembre. Según él, «nunca tuvo intención de desobedecer» y fue la prudencia lo que motivó sus actuaciones para evitar que el Ayuntamiento tuviera que pagar «una importante cuantía por indemnización y derribo», máxime cuando los técnicos municipales veían la posibilidad de legalizar la situación. Alude también a la dificultad de cumplir estas sentencias en el medio rural, indicando que se personó en la nave «hasta "en tres ocasiones" acompañado de la Guardia Civil para sacar el ganado "y no nos han dejado", dijo». Concluye la información de El Diario Montañés señalando que «Alonso insistió en que la nave en cuestión ya se ha demolido "hace tres meses" y afirmó que sacar esto, ahora, a pocos meses de las elecciones, "es tratar de embarrar el campo de juego"».
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